25 abril, 2025
1. Desfinanciamiento de políticas de salud sexual y reproductiva
Uno de los principales obstáculos actuales es la reducción drástica del presupuesto y la paralización de programas estatales claves, entre ellos:
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Suspensión de la compra y distribución nacional de anticonceptivos, que impacta directamente en la prevención de embarazos no intencionales.
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Falta de provisión de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para la práctica segura y ambulatoria de la IVE.
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Congelamiento de campañas de información pública sobre derechos sexuales y reproductivos, lo cual debilita la educación sanitaria, especialmente en zonas rurales o vulnerables.
Este desfinanciamiento limita tanto la prevención como la atención segura de las interrupciones de embarazo, y recarga a las provincias y municipios, que muchas veces no cuentan con recursos propios suficientes para sostener la atención integral.
2. Clima político adverso y retrocesos discursivos
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, se ha instalado un discurso oficial contrario a los derechos conquistados en materia de género y salud sexual. Ejemplos de esto son:
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La declaración pública del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de que en 2025 se presentará un proyecto para derogar la Ley 27.610.
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La celebración del «Día del niño por nacer» desde una perspectiva anti-derechos, con mensajes institucionales que desacreditan el aborto legal y estigmatizan a quienes lo practican.
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La eliminación de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del organigrama del Ministerio de Salud.
Este contexto genera temor en los equipos de salud, desalienta a profesionales que garantizan el derecho a la IVE y puede llevar a la auto-censura en ámbitos públicos.
3. Falta de insumos y barreras en el acceso territorial
Muchas provincias, especialmente en el norte del país, enfrentan interrupciones en la cadena de insumos médicos necesarios para realizar abortos seguros. También se reportan:
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Listas de espera extendidas, que demoran el acceso a la práctica dentro de los plazos legales.
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Zonas sin profesionales capacitados o dispuestos a garantizar el derecho, especialmente en áreas donde predomina la objeción de conciencia institucional.
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Obstáculos para el traslado de personas gestantes desde regiones rurales o alejadas de centros urbanos.
Esto genera desigualdades estructurales: mientras en algunas ciudades grandes se sigue garantizando el derecho a la IVE con relativa normalidad, en otras zonas se vulnera completamente.
4. Desinformación, estigmatización y violencia simbólica
En el clima actual, aumentan los discursos de odio y la desinformación en redes sociales y medios, lo que genera:
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Mayor estigmatización de las personas que abortan, especialmente si son jóvenes o de sectores populares.
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Dificultades para acceder a información clara, actualizada y confiable sobre el procedimiento.
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Hostigamiento o juicios morales hacia profesionales de la salud que garantizan la práctica.
Estas situaciones afectan la confianza en el sistema de salud, generan miedo o culpa en quienes necesitan abortar y reproducen entornos hostiles.
5. Sostenimiento del derecho desde las bases
A pesar de todos estos desafíos, el acceso a la IVE no ha sido eliminado, y sigue siendo legal gracias a la Ley 27.610. En este contexto, son los equipos de salud, organizaciones feministas, redes de acompañantes y profesionales comprometidxs quienes están sosteniendo el derecho desde abajo:
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Brindando información segura y acompañamiento en la toma de decisiones.
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Asegurando prácticas seguras, incluso con recursos limitados.
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Generando redes de solidaridad y resistencia frente a los retrocesos.
Esta resistencia cotidiana es clave para que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito siga siendo una realidad en Argentina, incluso en un contexto adverso.
OSPAT PARA TODOS
